El 22 de diciembre de 2022 se publicó la Ley 28/2022 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), conocida como la «Ley de Startups», con el propósito de fomentar el ecosistema de las empresas emergentes. Esta ley busca crear un marco normativo específico para apoyar la creación y el crecimiento de las startups.

Para poder acceder a las medidas de apoyo previstas en esta ley, es necesario cumplir con ciertos requisitos y obtener la condición de «empresa emergente». La acreditación como tal se solicita ante la Empresa Nacional de Innovación SME, S.A. (ENISA) y se basa en criterios establecidos en la Orden PCM/825/2023, publicada el reciente 21 de julio de 2023.

Entre los requisitos para considerarse una empresa emergente y acceder a los beneficios, se incluye la necesidad de desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador con un modelo de negocio escalable. Una empresa se considera innovadora si resuelve problemas o mejora situaciones existentes mediante nuevos productos, servicios o procesos con un alto grado de innovación y riesgo tecnológico o industrial.

La acreditación del carácter de emprendimiento escalable se basa en criterios como el atractivo del mercado, la fase de vida de la empresa, el modelo de negocio, la competencia, el equipo, los contratos con proveedores y clientes, entre otros. Además, se debe cumplir con otra serie de requisitos que exponemos a continuación:

a) Ser de nueva creación o, no siendo de nueva creación, cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, con carácter general, o de siete en el caso de empresas de biotecnología, energía, industriales y otros sectores estratégicos o que hayan desarrollado tecnología propia, diseñada íntegramente en España.

b) No haber surgido de una operación de fusión, escisión o transformación de empresas que no tengan consideración de empresas emergentes. Los términos concentración o segregación se consideran incluidos en las anteriores operaciones.

c) No distribuir ni haber distribuido dividendos, o retornos en el caso de cooperativas.

d) No cotizar en un mercado regulado.

e) Tener su sede social, domicilio social o establecimiento permanente en España.

f) Tener al 60 % de la plantilla con un contrato laboral en España. En las cooperativas se computarán dentro de la plantilla, a los solos efectos del citado porcentaje, los socios trabajadores y los socios de trabajo, cuya relación sea de naturaleza societaria.

¿De qué ventajas puede disfrutar una empresa que se acredita como “emergente”?

Flexibiliza la creación de autocartera de sociedades limitadas, que es la forma jurídica adoptada por la mayoría de las empresas emergentes. En este sentido, se otorga un trato fiscal más favorable a los beneficios a través de la participación social o la titularidad de acciones en empresas emergentes.
Respecto a los incentivos fiscales, se espera que el impuesto de sociedades se reduzca un 15%.
Asimismo, se elimina la obligación de realizar pagos a cuenta de los citados impuestos en un plazo de dos años desde que la base imponible sea positiva.

¿Cómo es el procedimiento de certificación?

El procedimiento para obtener la certificación de empresa emergente implica presentar una solicitud electrónica junto con la documentación necesaria ante ENISA. La entidad tiene un plazo de tres meses para resolver y notificar la aprobación o denegación de la certificación. Si la resolución es positiva, se emite un certificado y la empresa puede beneficiarse de las ventajas de la Ley de Startups.

El vencimiento del plazo máximo de los tres meses sin que hubiese recaído resolución expresa y se hubiese notificado a la empresa solicitante, legitima a ésta para entender estimada su solicitud de certificación por silencio administrativo.

Sin embargo, si la empresa deja de cumplir con los requisitos o si existen dudas sobre el modelo de negocio, ENISA puede iniciar un procedimiento para dejar sin efecto la certificación. La startup debe informar a ENISA sobre cualquier cambio que afecte el cumplimiento de los requisitos, y la entidad puede establecer mecanismos de control para verificar el cumplimiento continuo de las condiciones de certificación.

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